The second day of the Pan-African ILC Preparatory Meeting on Access and Benefit Sharing and Traditional Knowledge continued on August 31st. Participants began with a detailed update, provided by John Scott (Secretariat of the Convention on Biological Diversity) on the draft decisions arising from the 6th meeting of the Ad-Hoc Open-Ended Inter-Sessional Working Group on Article 8(j) and related provisions that will be considered at the 10th Conference of the Parties to the CBD, which will take place in October in Nagoya, Japan. Kabir Bavikatte (Natural Justice) then presented on the draft protocol of the International Regime on Access and Benefit Sharing (ABS), with a focus on the areas concerning traditional knowledge. Over the next 2 days, participants will comment on the draft decisions of the working groups on Article 8(j) and ABS. These comments will be provided to the African Group of negotiators to the CBD in order to guide them during their negotiations in Nagoya, Japan.
Olivier Rukundo (GTZ and Natural Justice Associate) completed the day with an overview of the current negotiations within the World Intellectual Property Organization (WIPO) Inter-governmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) and highlighted the importance of indigenous peoples and local communities being actively involved in these negotiations.

On August 30, participants representing Indigenous peoples and local communities from about 25 countries in Africa began a busy first day of the Second African ILC Preparatory Meeting on Access and Benefit Sharing and Traditional Knowledge with an overview of the ABS process. The participants heard from John Scott (CBD Secretariat) on the role of the Working Group on Article 8(j) and related provisions and Kabir Bavikatte (Natural Justice) on the draft protocol on the International Regime on Access and Benefit Sharing (IRABS). Participants then spent the afternoon discussing and exchanging their local experiences with bio-prospecting and bio-piracy. Mathambo Ngakaeaja from the Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa (WIMSA) presented an in-depth history and lessons learnt from the San Hoodia case.
The meeting now moves into a detailed analysis of traditional knowledge within the CBD and World Intellecual Property Organization (WIPO) frameworks, including negotiations under the International Regime on Access and Benefit Sharing (IRABS) and Inter-Governmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), before the participants provide their recommendations to the African Group of Negotiators on the draft protocol on ABS. (Pictured above: Nigel Crawhall (left) and Lucy Mulenkei)

Por Silvia Ribeiro

Como si fuera un hecho banal, el gobierno mexicano aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta.  Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento  figuran otras 90,000  hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468 <http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&amp;idurl=25468> ).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en laconsulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados  de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 28 de agost ode 2010

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The Second African Indigenous and Local Communities (ILC) Preparatory Meeting on Access and Benefit Sharing (ABS) and Traditional Knowledge begins today in Cape Town, South Africa. The 3-day Pan-African meeting, which is supported by the ABS Capacity Development Initiative for Africa and hosted by Natural Justice, will be attended by over 40 ILC representatives and representative organizations. The aims of the meeting are to facilitate the exchange of experiences on bio-prospecting and bio-piracy, to brief participants on the status of negotiations on the Convention on Biological Diversity International Regime on Access and Benefit Sharing (IRABS) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), with a focus on traditional knowledge (TK), to discuss the relevant draft decisions for the 10th Conference of the Parties of the CBD, and to develop an African ILC perspective on these draft decisions. Natural Justice will provide daily blog updates on the outcomes of the meeting.

Natural Justice, with the support of the ABS Capacity Initiative for Africa, has released its latest publication on the Traditional Knowledge Commons, following the December 2009 meeting of advocates of indigenous peoples and local communities and experts in intellectual property law and access and benefit sharing that aimed to consider the unique problems presented by non-commercial research related to traditional knowledge. "Implementing a Traditional Knowledge Commons: Opportunities and Challenges" critically analyzes the possibilities of bringing a first set of TK Commons pilot(s) into action, considering how it could be integrated into the broader national and international legal frameworks of traditional knowledge protection as a mechanism capable of facilitating the expanded flow of benefits generated by traditional knowledge-based non-commmercial research while simultaneously increasing recognition of and compliance with sui generis customary law. The digital version of the publication can be downloaded here.

In an August 20th opinion piece in Indian Country Today, Alvin Manitobpyes, a citizen of the Muskowekwan First Nation, reflects on the first International Roundtable Supporting Ancient Indigenous Knowledge that was held in May in Manitoba, Canada. He shares his thoughts on the sacred process of transmitting traditional knowledge through protocols of learning and sharing. He expresses his understanding of his people and other indigenous nations as having "original" knowledge about how to uphold and live according to natural laws and explores various forms of symbolism that root human actions and values within nature. He closes by stating, "Traditional knowledge is the very strength of our identity as indigenous peoples." The full article can be read here.

An international LIFE Network meeting was held from August 13-15 in Kuttapalayam, India. The meeting was attended by around 60 representatives of communities, community-based organizations, and networks and sought to map the LIFE Network's strategy for a campaign on livestock keepers’ rights over the next few years. The meeting also explored the past, present, and future roles of bio-cultural community protocols in the campaign for livestock keepers rights'. The meeting included members of other livestock and pastoral networks, including the World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP) and the Rainfed Livestock Network (RLN).
Kabir Bavikatte (Natural Justice) supported a full session on the emerging livestock keepers' bio-cultural community protocols and their role in the global campaign on livestock keepers’ rights and national struggles to secure the rights of those communities. The meeting specifically focused on the need for the LIFE Network and its partners to set strong standards and process requirements for the development of community protocols, to take internal ownership of the protocols, and to ensure that best practice is subscribed to in the development of every protocol. The meeting unpacked and critically analyzed the methods and content of the Raika, Maldhari, Bargur Lingayat, and Samburu protocols, identifying the shortcomings and strengths in each of their processes and outcomes. The meeting concluded with a resolution to further explore how the LIFE Network and its partners can establish standards for the development of bio-cultural community protocols in the livestock sector.
A recent publication by the LIFE Network, LPP, and LPPS entitled, "Biocultural Community Protocols for Livestock Keepers" can be read here.

The reports from two recent consultation and training-of-trainer workshops in Bangalore, India, and Avissawella, Sri Lanka, can be downloaded on the Natural Justice website. The reports outline the proceedings of the workshops and reflections on outcomes and "next steps" for bio-cultural community protocols and Natural Justice's role in Asia alongside regional partners such as FRLHT and CKS-Asia. The report from the Bangalore workshop can be read here. The report from the Sri Lanka workshop can be read here and photos can be viewed here.

Por Silvia Ribeiro

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 14 de agosto de 2010

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The Guardian has launched a new campaign to compile the top 100 specific tasks that G20 governments should do to halt the loss of biodiversity. Posted on August 13th, the article slams the Parties to the Convention on Biological Diversity for failing to meet the 2010 biodiversity targets that they agreed upon in 2002 and argues that the upcoming Conference of the Parties in Nagoya in October is "on course to make the farcical climate talks in Copenhagen look like a roaring success". The suggested actions should make a major contribution to protecting a particular species or ecosystem, be widely supported by published scientific evidence, and be politically costly or opposed by special interest groups. Help pressure the G20 governments to do their part by submitting a contribution to the Biodiversity100 list here.

In an article published in The Globe and Mail on August 8th, Justice Sue Cooper ruled in favour of the underdogs by halting a joint German-Canadian project set to conduct seismic testing in Lancaster Sound, Nunavut, which is referred to as the ''Arctic Serengeti'' for hosting the migration routes of several marine species such as narwhal, beluga whale, and polar bear. The Inuit communities that have lived in the area for generations have had negative experiences with seismic testing in the past, claiming that it has caused death and deafness among seals and has disrupted the migration routes of whales for decades. The testing is also feared to be a thinly veiled exploration for much sought-after oil and gas reserves in the Arctic. Judge Cooper wrote, “If the testing proceeds as planned and marine mammals are impacted as Inuit say they will be, the harm to Inuit in the affected communities will be significant and irreversible. The loss extends not just to the loss of a food source, but to loss of a culture. No amount of money can compensate...” Okalik Eegeesiak, president of the Qikiqtani Inuit Association, echoed these sentiments after the ruling by reiterating that ''Economic development is good, but not at the price of our livelihoods.'' David Crocker, the lawyer who represented the Inuit, said that the significant ruling set a precedent for requiring companies and researchers to consult with and involve local communities in pre-research and pre-development phases. The full article can be read here and a follow-up article from August 13 can be read here.

On August 9th, the International Day of the World's Indigenous People will be observed at the United Nations Headquarters in New York. Focusing on indigenous film-making, the observance is organized by the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues in cooperation with the NGO Committee on the International Decade of the World's Indigenous Peoples.

Johanna Von Braun and Gino Cocchiaro (Natural Justice) recently spent 3 days in Lamu, Kenya, with local community-based organization Lamu Environmental Protection and Conservation Group (LEPAC) and other stakeholders to discuss the potential development of a bio-cultural community protocol in response to the proposed construction of a deep sea port within the Lamu District. The 16 billion dollar development would include a deep sea port, railway, oil refinery, international airport, resort city, and major highway.

The Lamu District, which includes the Lamu Archipelago, is an incredibly diverse and rich area. The 6 indigenous communities of Lamu are reported to have been in this area for over 1,000 years and Lamu Town can be traced back to the early days of Islamic culture in the 7th century. The town and nearby islands are dotted with incredible archeological sites which have given rise to the town being declared a UNESCO World Heritage site. The communities of the District are dependant on fishing and farming for their livelihoods, with many continuing to practice traditional ways of life, including hunting and gathering. Lamu, which was declared a UNESCO Man and Biosphere Reserve in 1980, is also home to rare marine species such as sea turtles, sharks and dugongs, and also hosts two national reserves: the Kiunga Marine Reserve and Dodori National Reserve. The wider port area would cover all of these reserves.

Although the Kenyan Government heralds this venture as the answer to the economic woes of the area, the impact on the people of Lamu and its environment cannot be understated. Despite this obvious impact, little information concerning the port has actually been released to the people of Lamu and the only consultation between the Government and the residents of Lamu on the issue occurred early in 2009. Given that the proposed port appears likely to go ahead in the near future, the communities of Lamu wish to engage the Government in discussion on the matter and hope to develop and use a bio-cultural community protocol as one of the mechanisms to do so. Natural Justice will continue to consult with LEPAC and the other stakeholders of the Lamu community regarding the possible development of their community protocol.

In May, 2010, the Tla-o-qui-aht First Nation and the Global Diversity Foundation co-hosted a workshop on Community Conservation in Practise (see our May 11 post for more information). After two months of discussions with the workshop participants, the Opitsaht Declaration has been finalized and can be read here. The Declaration addresses founding principles, concerns, and recommendations concerning indigenous and community conserved areas, sacred natural sites, and bio-cultural landscapes. Other declarations and statements from indigenous communities about issues related to biodiversity, climate change, and sacred sites can be found on Natural Justice's website.

Gino Cocchiaro and Johanna von Braun (Natural Justice) are currently in Kenya as part of a UNDP research project on the role of intellectual property rights and the introduction of new seed varieties on the role of women in agricultural communities. As part of this research, Gino and Johanna engaged in consultations with small-scale farming communities in the district of Machakos, facilitated through the kind support of INADES Kenya. The research study seeks to analyze to what extent women's traditional role both within households and as managers of all aspects of subsistence farming may be affected by the introduction of seeds that are protected either as plant varieties and/or patents. The report will be released soon.

The CKS-Asia board has invited Natural Justice to become a partner of its network. CKS-Asia is a network of non-profit organizations that collaborate under the auspices of the United Nations Development Programme. Its mission is to enable its members to develop innovative ways of developing, sharing and managing ecosystem-specific knowledge, skills and practices within and across grassroots communities. At the meeting held in Avissawella, Sri Lanka, the board reconfigured its thematic areas and asked Natural Justice to assist it to further develop rights-based approaches to protecting biodiversity and culture with its member organizations.

After the consultation on bio-cultural community protocols, Holly Shrumm and Harry Jonas (Natural Justice) were hosted by Piyasoma Bentota and Upali Rajapakse in Gurugoda, Sri Lanka, at the Rush and Reed Conservation and Diversification Programme. The programme supports women from local communities to make woven items such as bags and mats as a means to generate livelihoods and conserve the local wetlands. Bentota and Upali have dedicated their entire lives to social and environmental justice and continue to support communities' sustainable livelihoods through cultural revitalization and organic agriculture. Holly and Harry are very grateful to them for their generous hospitality and inspiring words.

Natural Justice partnered with CKS-Sri Lanka and the COMPAS Network to facilitate a three-day consultation workshop on bio-cultural community protocols. Over the three days, participants from Sri Lanka, India, Nepal, and the Philippines heard presentations about the background to the right to self-determination under international and national human rights and environmental law and policy and discussed case studies on community protocols. They focused on the challenges that communities face in engaging with government and other stakeholders such as researchers and developed mock protocols based on forest-dependent and rice-farming community scenarios. Holly Shrumm and Harry Jonas thank the participants and organizers, especially Sujeewa Jasinghe, and look forward to further collaboration. The final workshop report can be read here and photos can be viewed here.

Por Silvia Ribeiro

Los cultivos transgénicos no representan solamente una amenaza al medio ambiente y la salud. Además son un mal negocio, para cualquiera, salvo las seis trasnacionales dueñas de las semillas transgénicas a nivel global y algunos de los funcionarios y científicos que reciben prebendas para que ellas puedan continuar con sus ganancias.

En los últimos años se han publicado varios estudios independientes sobre los resultados económicos de los transgénicos, que convergen en demostrar pérdidas significativas para los agricultores. Greenpeace México publicó recientemente el informe Cultivo$ transgénico$, cero ganancias, basado en un informe elaborado por Edward Hammond, acrecentado y adaptado al contexto mexicano.

Esas pérdidas afectan directamente a los agricultores de varias maneras (semillas más caras, menor rendimiento, resistencia en insectos y malezas, mayor laboreo para deshierbe, juicios por contaminación, pérdida de mercados) pero también significan costos importantes que al ser absorbidos por instituciones públicas, se trasladan a todos.

Uno de los casos referidos es la contaminación con el arroz transgénico LL601 de Bayer. El departamento de agricultura de Estados Unidos detectó en 2006 que la contaminación con este arroz transgénico no aprobado para consumo humano, había llegado al suministro de alimentos. Ante el anuncio, inmediatamente cayó el precio del arroz estadunidense en los mercados de futuros, provocando una pérdida promedio de 70 mil dólares por granja arrocera. Japón y Europa cerraron sus puertas a la importación de arroz procedente de ese país. Pese a ello, se encontró contaminación en países europeos y luego de África y Asia, desde Filipinas a Ghana. El informe detalla las pérdidas que les significó a los agricultores estadunidenses, estimadas entre 740 y mil 290 millones de dólares en total, debido a caída de precios, pérdida de mercados y limpiezas de sus campos y graneros. Esos costos no incluyen los de pruebas de detección ni tampoco los gastos legales para demandar a Bayer, trámites que aún siguen. No se permitió una acción de clase (o sea, que el juicio contra Bayer fuera válido para todos los afectados, sino solamente para los que entablan el juicio). Bayer no explicó nunca cómo había llegado la contaminación a los alimentos y pese a que se le sentenció por su conducta laxa en bioseguridad, la empresa afirmó que había excedido los estándares de la industria para evitar contaminación y que ni las mejores prácticas pueden garantizar la perfección.

El caso debería ser aleccionador para México, porque aquí las empresas se comportarán de la misma o peor manera frente a la contaminación transgénica, que será inevitable si el maíz se siembra a campo abierto. Cualquier costo relacionado con la contaminación será automáticamente transferido a los agricultores y campesinos (que deberán afrontar cualquier costo legal por sí mismos). Seguramente habrá menor fiscalización que en Estados Unidos, porque los contaminados serán sobre todo campesinos y maíz nativo, que no es considerado valor monetario a proteger. Las empresas dirán que el problema de la contaminación en ningún caso es de ellos, porque el gobierno y los agricultores son responsable de las medidas de bioseguridad, no ellas.

Otro ejemplo tomado en el informe son los costos por la resistencia de las hierbas invasoras. Como la mayoría de los transgénicos son manipulados para ser resistentes a herbicidas, el uso de éstos aumenta considerablemente, generando resistencia en las hierbas que se pretende combatir. A nivel global, hay 16 hierbas que se han tornado resistentes a glifosato. El departamento de agricultura de Estados Unidos reconoce 9 como problema serio. El documento toma el caso del quintonil, una amarantácea que existe y se consume en México, prima hermana del amaranto blanco ampliamente difundido en el país, con el que se elaboran los dulces de amaranto. El quintonil es considerado hierba invasora en los cultivos industriales, en Estados Unidos se ha hecho resistente al glifosato (debido a los transgénicos) y ha invadido de tal modo los campos de algodón, maíz y soya, que en varias zonas, principalmente algodoneras, ya sólo se puede hacer deshierbe manual. Para los agricultores, significó pagar mayor costo de semilla, mayor costo por herbicidas (por precio y mayor volumen) y terminar haciendo o pagando el deshierbe manual.

En México además de los impactos sobre los agricultores industriales, significará arruinar junto al maíz al amaranto, otro de los cultivos nativos del país, esenciales para la vida campesina y elemento altamente nutritivo parte de la alimentación popular.

El reporte nombra varios otros ejemplos que dan una sólida muestra de las pérdidas económicas que significan los transgénicos. Otro informe publicado en 2010, titulado Quién se beneficia con los cultivos transgénicos, de Amigos de la Tierra, complementa el panorama.

Quizá se pregunte por qué los agricultores siguen cultivando transgénicos si dan pérdidas. En parte, porque los agricultores industriales no tienen semillas y dependen totalmente de lo que les ofrezcan las trasnacionales. Éstas controlan el mercado de transgénicos pero también el de las semillas comerciales. Prefieren vender transgénicos, porque cobran la semilla mucho más cara y pueden cobrar extra por otros rubros.

Adicionalmente, las empresas gastan decenas de millones de dólares anuales en influir a los gobiernos y reguladores a su favor. Según Business Week (21/6/10) sólo en el último trimestre de 2009 y primero de 2010, Monsanto gastó 4.99 millones de dólares en cabildear al gobierno de Estados Unidos. ¿Sería necesario si el producto fuera bueno?

*Investigadora de Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 31 de julio de 2010

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China's utopian quest for the rice crop suffered a couple of blows recently. A new rice virus disease ndash; called Southern Rice Black Streak Dwarf Virus (SRBSDV