Por Silvia Ribeiro
Como si fuera un hecho banal, el gobierno mexicano aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.
Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.
A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90,000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468 <http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468> ).
Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.
Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.
Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.
Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en laconsulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.
Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.
Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.
Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 28 de agost ode 2010
Discuss it! Participate in the debate about this postPor Silvia Ribeiro
La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.
Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.
Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.
Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.
Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)
Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.
Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.
Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.
Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.
* Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 14 de agosto de 2010
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Los cultivos transgénicos no representan solamente una amenaza al medio ambiente y la salud. Además son un mal negocio, para cualquiera, salvo las seis trasnacionales dueñas de las semillas transgénicas a nivel global y algunos de los funcionarios y científicos que reciben prebendas para que ellas puedan continuar con sus ganancias.
En los últimos años se han publicado varios estudios independientes sobre los resultados económicos de los transgénicos, que convergen en demostrar pérdidas significativas para los agricultores. Greenpeace México publicó recientemente el informe Cultivo$ transgénico$, cero ganancias, basado en un informe elaborado por Edward Hammond, acrecentado y adaptado al contexto mexicano.
Esas pérdidas afectan directamente a los agricultores de varias maneras (semillas más caras, menor rendimiento, resistencia en insectos y malezas, mayor laboreo para deshierbe, juicios por contaminación, pérdida de mercados) pero también significan costos importantes que al ser absorbidos por instituciones públicas, se trasladan a todos.
Uno de los casos referidos es la contaminación con el arroz transgénico LL601 de Bayer. El departamento de agricultura de Estados Unidos detectó en 2006 que la contaminación con este arroz transgénico no aprobado para consumo humano, había llegado al suministro de alimentos. Ante el anuncio, inmediatamente cayó el precio del arroz estadunidense en los mercados de futuros, provocando una pérdida promedio de 70 mil dólares por granja arrocera. Japón y Europa cerraron sus puertas a la importación de arroz procedente de ese país. Pese a ello, se encontró contaminación en países europeos y luego de África y Asia, desde Filipinas a Ghana. El informe detalla las pérdidas que les significó a los agricultores estadunidenses, estimadas entre 740 y mil 290 millones de dólares en total, debido a caída de precios, pérdida de mercados y limpiezas de sus campos y graneros. Esos costos no incluyen los de pruebas de detección ni tampoco los gastos legales para demandar a Bayer, trámites que aún siguen. No se permitió una acción de clase (o sea, que el juicio contra Bayer fuera válido para todos los afectados, sino solamente para los que entablan el juicio). Bayer no explicó nunca cómo había llegado la contaminación a los alimentos y pese a que se le sentenció por su conducta laxa en bioseguridad, la empresa afirmó que había excedido los estándares de la industria para evitar contaminación y que ni las mejores prácticas pueden garantizar la perfección.
El caso debería ser aleccionador para México, porque aquí las empresas se comportarán de la misma o peor manera frente a la contaminación transgénica, que será inevitable si el maíz se siembra a campo abierto. Cualquier costo relacionado con la contaminación será automáticamente transferido a los agricultores y campesinos (que deberán afrontar cualquier costo legal por sí mismos). Seguramente habrá menor fiscalización que en Estados Unidos, porque los contaminados serán sobre todo campesinos y maíz nativo, que no es considerado valor monetario a proteger. Las empresas dirán que el problema de la contaminación en ningún caso es de ellos, porque el gobierno y los agricultores son responsable de las medidas de bioseguridad, no ellas.
Otro ejemplo tomado en el informe son los costos por la resistencia de las hierbas invasoras. Como la mayoría de los transgénicos son manipulados para ser resistentes a herbicidas, el uso de éstos aumenta considerablemente, generando resistencia en las hierbas que se pretende combatir. A nivel global, hay 16 hierbas que se han tornado resistentes a glifosato. El departamento de agricultura de Estados Unidos reconoce 9 como problema serio. El documento toma el caso del quintonil, una amarantácea que existe y se consume en México, prima hermana del amaranto blanco ampliamente difundido en el país, con el que se elaboran los dulces de amaranto. El quintonil es considerado hierba invasora en los cultivos industriales, en Estados Unidos se ha hecho resistente al glifosato (debido a los transgénicos) y ha invadido de tal modo los campos de algodón, maíz y soya, que en varias zonas, principalmente algodoneras, ya sólo se puede hacer deshierbe manual. Para los agricultores, significó pagar mayor costo de semilla, mayor costo por herbicidas (por precio y mayor volumen) y terminar haciendo o pagando el deshierbe manual.
En México además de los impactos sobre los agricultores industriales, significará arruinar junto al maíz al amaranto, otro de los cultivos nativos del país, esenciales para la vida campesina y elemento altamente nutritivo parte de la alimentación popular.
El reporte nombra varios otros ejemplos que dan una sólida muestra de las pérdidas económicas que significan los transgénicos. Otro informe publicado en 2010, titulado Quién se beneficia con los cultivos transgénicos, de Amigos de la Tierra, complementa el panorama.
Quizá se pregunte por qué los agricultores siguen cultivando transgénicos si dan pérdidas. En parte, porque los agricultores industriales no tienen semillas y dependen totalmente de lo que les ofrezcan las trasnacionales. Éstas controlan el mercado de transgénicos pero también el de las semillas comerciales. Prefieren vender transgénicos, porque cobran la semilla mucho más cara y pueden cobrar extra por otros rubros.
Adicionalmente, las empresas gastan decenas de millones de dólares anuales en influir a los gobiernos y reguladores a su favor. Según Business Week (21/6/10) sólo en el último trimestre de 2009 y primero de 2010, Monsanto gastó 4.99 millones de dólares en cabildear al gobierno de Estados Unidos. ¿Sería necesario si el producto fuera bueno?
*Investigadora de Grupo ETC
Publicado en La jornada, México, 31 de julio de 2010
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